Por: Hatziri Ávalos

Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que buscará que la Guardia Nacional sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Anuncio que causó gran revuelo, pues en el año 2019 cuando esta institución fue creada se especificó que estará bajo mando civil y será dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), por lo que senadores y diputados de partidos contrarios consideran que este decreto violaría la Constitución.

 

Marko Cortés, Presidente Nacional del PAN señaló que legisladores del partido votarán contra esta iniciativa, además de que presentarán recursos de inconstitucionalidad si AMLO presenta el decreto, y se comprometió a llamar a cuentas a las autoridades federales que han cedido funciones administrativas a militares.

 

Cortés agregó que, en los hechos, la Guardia Nacional ya es militar y no está funcionando, ya que en materia de seguridad el país “se está incendiando”; también advirtió que las tareas administrativas como la construcción de trenes, bancos, aeropuertos, manejo de aduanas y vacunación puede generar una complicidad perniciosa entre el gobierno federal y las fuerzas armadas, debido a que manejan una gran cantidad de recursos legales, pero también están expuestas a manejar recursos ilegales.

 

Por otra parte, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación dijo que “la seguridad pública es un asunto de carácter civil, por lo que debe mantenerse en el ámbito civil y no en el militar”.

 

Sin embargo, pese a las críticas, López Obrador defiende su decreto e insiste en que la Guardia Nacional sea controlada por la Sedena, con el fin de que en el futuro no sea privatizada o corrompida y sostiene que continuará siendo una institución de carácter civil, aunque dependa de la Sedena.